LA REFORMA A LA JUSTICIA : AVANCE DE LA DELINCUENCIA COLOMBIANA !
Bogotá, 22 de junio de 2012.
No se sabe qué es peor, si el
contenido de la reforma a la justicia o la manera como el gobierno consiguió el
respaldo para aprobarla. En la Colombia de las decisiones con propósitos
inconfesables, estas ocupan un sitio de honor –o de deshonor, más precisamente.
Como bien se ha dicho, antes que una reforma a la justicia, lo que impusieron
fue una reforma política para someter a la rama judicial a situaciones que no
le convienen al país sino a los intereses de un pequeño pero poderoso club de
privilegiados, cuyo jefe único es el presidente Juan Manuel Santos (http://bit.ly/LkGZ5n).
La reforma no atiende el principal
reclamo ciudadano sobre la administración de justicia, consistente en que esta
no falla con la oportunidad debida, lo que en buena medida significa la
negación de la idea misma de justicia. Pero la congestión y la tardanza de las
decisiones judiciales sí le sirvieron al gobierno de pretexto para promover su
privatización, nombrando como jueces de bajo costo a abogados que carecen del
conocimiento suficiente para ejercer esa función compleja propia de
especialistas e incluyendo en la Constitución la potestad de cobrarles a los
colombianos por decisiones legales que deben ser gratuitas, desafueros que
niegan la justicia como derecho, pilar del proceso civilizatorio. Como en
educación y salud, he aquí otro caso en el que el neoliberalismo provoca una
involución.
La reforma además aumenta la
injerencia del poder Ejecutivo sobre la rama Judicial, un viejo propósito
retardatario de quienes consideran la separación de los poderes como adorno
retórico de una democracia que se halla muy lejos de serlo, porque tienen como
objetivo que el Presidente maneje un Congreso de bolsillo, someta a su férula a
los jueces y coopte a las Cortes. Otra vez el estilo cortesano de Santos rinde
más frutos que el de Uribe, porque su mayor capacidad actoral les facilita
mimetizarse también a quienes, con las mismas concepciones regresivas, posan de
demócratas. Están pillados.
Es difícil encontrar algo peor que el
estilo con el que Juan Manuel Santos reclutó el respaldo político suficiente
para producir este engendro, pues se inspiró en una pregunta propia del
servicio a la carta: “¿Qué desean los caballeros?”. Así, unió y condujo a sus
mayorías parlamentarias para asegurarles privilegios que avergüenzan y a las
Cortes les concedió gabelas todavía más burdas para cooptarlas, de tal manera
que se nota que el Presidente y cada uno de los partidos de la Unidad Nacional
–cuyo carácter de manguala deja pocas dudas– abusan de su fuerza política para
pasarse por la faja y con toda impunidad cualquier escrúpulo.
¿Y para qué quieren Santos y sus
cortesanos el poder que también les confiere tanto unanimismo en los medios de
comunicación? ¿Para promover el progreso y hacer que Colombia supere el atraso
productivo, genere empleo e ingresos y disminuya la desigualdad social? Habría
que ser ciego y sordo para responder con un sí. Tras casi dos eternos años de
juanmanuelismo, y bajo la amenaza de que complete ocho, hay que ser muy
despistado, o muy orientado por ciertas conveniencias personales, para no
reconocer que en lo económico el paradigma de Santos reside en que el monopolio
avasalle toda otra forma económica, monopolio que a la postre será, sin las
actuales excepciones, el de las trasnacionales. En este sentido, detrás de las
cien mil viviendas “gratis” del populismo reeleccionista se oculta un cambio de
fondo en la política de producción de viviendas promovidas por los subsidios
del Estado –sean “gratuitas” o no y con una inversión mínima de 4.2 billones de
pesos en este gobierno–, para que el Estado se eche a cuestas todo el riesgo
del negocio que antes asumían constructores y banqueros, adjudicarles los
proyectos a las mayores empresas que concentren tierras y recursos financieros
–incluso si son extranjeras– y contratar con ellas, no con las normas del
derecho público sino del privado, es decir, a dedo, con lo que hará fiestas
cierto clientelismo de cuello blanco y se facilita defraudar al Estado.
También se sirve Santos de su poder
para imponer el TLC con Corea, el cual, como ni los pocos nativos que ganan con
él se atreven a negar, dañará a la industria instalada en Colombia y agravará
el desempleo. ¡Y esto sucede preciso cuando el gran tsunami económico lanzado
por la explosión de la gravísima crisis mundial condena al libre comercio como
su responsable! Otra muestra más de que desconectaron su suerte personal de la
del país.
“La reforma a la justicia es de lo
peor que ha pasado en Colombia, porque aumenta una especie de dictadura
presidencial y avergüenza al país”. Los primeros responsables de este
adefesio fueron los congresistas de los partidos santistas y el Polo, al
igual que el Mira, se opusieron a la reforma en sus 8 debates y, el primero de
ellos, acompañó las movilizaciones convocadas por el Observatorio
Nacional Permanente de la Administración de Justicia y las organizaciones
gremiales de la Rama.
El ministro y el presidente Santos
fueron los autores de la reforma y sus principales impulsores. En todos los
debate defendieron su contenido, incluidos los artículos que blindan a los
congresistas contra eventuales procesos judiciales y los que privatizan la
administración de justicia
El presidente Santos es igualmente
responsable, porque bajo sus orientaciones políticas se aprobó este
adefesio. Hasta cuándo se va a mantener el tapen tapen del jefe del Estado,
pues tampoco le ha explicado al país su responsabilidad en el caso del general
Santoyo. Santos organizó todo el tinglado para consolidar un Congreso de
bolsillo y someter a la justicia.
Enviado por: Alejandro Gutierrez de Piñeres
Comunicado del Provincial de la Compañía de Jesús, como respuesta al artículo de Ricardo Puentes Melo que tiene por título "Francisco de Roux, ¿un cura guerrillero?", del pasado 28 de mayo.